De acuerdo con la Auditoría, la Contraloría de Boyacá habría desviado recursos por $509 millones que provenían del pago de multas en el departamento y se habrían destinado al pago de viajes a Panamá por parte de varios de sus funcionarios.
La Auditoría explicó que “uno de los hallazgos encontrados en este ejercicio auditor se debió a dineros que la Contraloría cobró por multas, que no aparecen recaudados, como tampoco soportada la destinación que se les dio”.
Según la entidad, dichos viajes a Panamá no se incluyeron en el Plan de Bienestar de 2017 ni de 2018. “Sin embargo, so pretexto de realizar la celebración del “día del hombre y la mujer”, se van de viaje 78 funcionarios de la contraloría, entre ellos el contralor, Pablo Gutiérrez Carrillo”, advirtió el auditor general, Carlos Hernán Rodríguez.
Rodríguez agregó que la actividad mencionada ya había sido celebrada a comienzos del mismo año y fue contratada desde el 2017, con un viaje a la ciudad de Santa Marta.
“Otra prueba de lo expuesto es el hecho de que la actividad no esté soportada con un estudio técnico que es obligatorio para los planes de bienestar. Estos hechos evidencian que no había actividad pendiente y que el viaje no pertenece a ningún Plan de Bienestar de los funcionarios de esta Contraloría”, agregó el auditor General.
El contralor de Boyacá también habría salido del departamento en un viaje que no fue justificado y la Oficina de Control Interno no habría efectuado las acciones necesarias ante el incumplimiento de control y vigilancia al Fondo de Bienestar de Empleados de la Contraloría General de Boyacá.
Por último, el auditor advirtió que dichas irregularidades ya fueron notificadas ante la Fiscalía General y la Procuraduría General, entidades que tendrán que adoptar las medidas necesarias.
Frente al pronunciamiento de la Auditoria General de la República por el proceso auditor
que le realizó del 12 al 16 de marzo a la Contraloría de Boyacá, el ente de control se
permite informar a la opinión pública que:
1. La Contraloría General de Boyacá, recaudó $509 millones por cobro de multas,
desde la vigencia 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2017, dicho valor está
legalmente soportado en actos administrativos y fue ingresado directamente a
la cuenta del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de Boyacá,
como lo establece la ordenanza departamental que creó el fondo, pues estos
recursos hacen parte de su patrimonio.
2. Existen los soportes correspondientes de los dineros que han sido ejecutados, el
hecho de que los recursos no hayan ingresado primero en la contabilidad de la
Contraloría para luego ser trasladados al fondo, NO representa un detrimento
patrimonial como lo afirma el proceso auditor. Situación que se ha presentado
desde la creación del Fondo. Cabe ACLARAR que los dineros que no han sido
ejecutados, se encuentran en la cuenta bancaria, lo que puede ser corroborado
por cualquier autoridad.
3. El Programa de Bienestar SI cuenta con los “estudios técnicos“ como lo estipula
el artículo 74 del decreto 1227 de 2005. Según la norma citada, los estudios se
deben elaborar y son exigidos como soporte del Programa de Bienestar de
manera general, no para cada proyecto o actividad específica como lo expone la
auditoria.
4. Se aclara que la Oficina de Control Interno, realizó acciones de vigilancia y
control de las cuales quedaron los soportes que fueron entregados al equipo
auditor. Sin embargo, la sentencia C-599 de 2011 de la Corte Constitucional
aclara que el control fiscal al Fondo de Bienestar corresponde directamente a la
Auditoría General de la República, procedimiento que se ve reflejado con la
expedición de algunos conceptos, pero que NO ha ejercido desde la creación del
fondo.
5. El viaje a Panamá fue una actividad propia del plan de acción del fondo de
bienestar que se planeó desde el año 2017 y se aplazó para llevarse a cabo en el
mes de marzo de 2018, incluyendo dentro de la misma la celebración el “Día del
Hombre y de la Mujer“, establecida dentro del plan de bienestar de la CGB, para
el año 2018. Con lo anterior se buscó que la planeación, redujera los costos, para
así lograr una eficiente gestión fiscal.
6. Frente al trámite del proceso auditor, se hicieron prejuzgamientos de tipo penal y
disciplinario propios de una persecución. En dicho procedimiento la Contraloría
de Boyacá NO tuvo la oportunidad de controvertir la información porque NO se
estableció cuál fue la conducta y la norma vulnerada, hecho que se constituye en
la violación al derecho de defensa.
7. Siempre se ha manifestado el interés de dar claridad a la Auditoria General de la
República, y así mismo con la mayor celeridad, se hará frente a los demás
organismos de control a fin de establecer la realidad de los hechos
