Desde este viernes y hasta el 8 de junio los venezolanos que se encuentren en la ciudad de Tunja podrán realizar el -RAMV- de forma rápida.

El Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, por directrices de la Unidad Nacional hizo la instalación de los cinco puntos para el Registro Administrativo de Migración en Colombia -RAMV- de acuerdo a la programación del Decreto 542 del 21 de marzo de 2018.
A partir de este viernes 6 de abril y hasta el 8 de junio, estará abierto para los migrantes venezolanos que cumplan con los requerimientos (enseguida mencionados), un puesto de registro ubicado en la Plaza de Bolívar (Calle 19 # 9-69) que estará abierto de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
 El registro se realizará de manera presencial, con un documento que certifique su nacionalidad. Deben presentarse todas las personas del núcleo familiar.
 las personas que deben realizar el RAMV son aquellos venezolanos que no tienen ningún registro vigente en Colombia como cédula de extranjería, visa de permanencia y/o permiso especial de permanencia, es decir, todos los que estén en situación irregular en el país.
Anny Uribe, representante de la colonia venezolana en Tunja resaltó la importancia de apoyar al Gobierno Nacional en este proceso “es imprescindible para nosotros poder crear articuladamente con el Gobierno Nacional la política integral de atención humanitaria que puedan amparar las diferentes situaciones de la salud, educación y trabajo que son las cosas que más nos afectan cuando estamos en un país que no es el nuestro”.
La Coordinadora Municipal para la Gestión del Riesgo, Jenny Lucia López informó que los ciudadanos venezolanos que tienen un permiso especial de permanencia, cédula de extranjería o permiso de trabajo, no deberán registrase.
Este registro NO otorga ningún tipo de estatus migratorio ni constituye autorización de permanencia o regularización. No reemplaza los documentos de viaje vigentes, no genera derechos de orden civil o político, ni el acceso a planes o programas sociales u otras garantías diferentes a las dispuestas en la oferta institucional de las entidades del Estado, de conformidad con las normas legales vigentes.