Contundentes acciones ha adelantado la Contraloría General de la República en el Departamento de Boyacá. Muestra de ello es que han devuelto a las arcas del Estado o reparado daños al patrimonio público por valor de “$ 6.627’276.704”, durante la vigencia 2016 y lo corrido de 2017.
Control a los Recursos Públicos del Sistema General de Participaciones –SGP- 2016.
La Contraloría General de la República, Gerencia Departamental de Boyacá, realizó Auditoría en el II semestre de 2017, a los recursos del Sistema General de Participaciones de la vigencia 2016, sector educación, dentro de la cual se incorporó la Denuncia Ciudadana N° 2017-117399-80154-D, que versaba sobre presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato 1061 de 2016, suscrito entre el Departamento de Boyacá y la Fundación de Servicios y Obras Sociales de Colombia SOS, con sede principal en el Departamento de Córdoba, para la prestación del servicio Educativos para adultos y jóvenes en extra edad (educación por ciclos).
Finalizada la atención de la denuncia, se determinó que al contratista le fueron reconocidos estudiantes que no cumplían con cada una de las condiciones establecidas contractualmente para ello, además no se surtió el proceso de selección del contratista mediante Licitación Pública, se realizaron pagos con cargo al anticipo que no tienen relación directa con la ejecución del contrato, entre otras situaciones que permiten presumir que no se dio cumplimiento al Plan de Inversión del anticipo ni a lo indicado en la canasta educativa en cuanto al componente de Material Educativo ofrecido por el contratista.
Así mismo, se evidenciaron inconsistencias en las matrículas realizadas en físico y en el SIMAT, estudiantes matriculados en CLEI diferentes a los registrados en la base de datos de liquidación y doble reconocimiento por un mismo estudiante. Adicionalmente, se validaron los documentos de identidad de algunos de la base de liquidación del contrato, con la suministrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se observó que algunos estudiantes no son consistentes en cuanto a su nombre y documento de identidad y aun así fueron reconocidos en algún porcentaje al contratista.
Estas situaciones, se constituyeron en las principales causas de hallazgos de carácter fiscal por cuantía de $ 4.332.028.297, penales y disciplinarios.
Por hechos similares que se presentaron en la ejecución de los contratos 1627 y 1719 del año 2015, que sumados ascendieron a $ 5.553’050.000, relacionados con la “prestación del servicio educativo para adultos y jóvenes en extraedad”, se adelanta proceso de responsabilidad fiscal, en donde fungen como presuntos responsables el Exgobernador de Boyacá, el supervisor del contrato, la Secretaria de Hacienda y las fundaciones contratistas, por cuantía de $420 millones.
Entre las irregularidades encontradas, se observó que el proceso de contratación del año 2015 para la prestación del servicio de educación para adultos, estaba direccionado hacia los operadores-contratistas, las fechas de inicio de las actividades académicas y reconocimiento por estudiante atendido, fueron modificadas, también, a favor del operador y en contravía de lo estipulado contractualmente, reconociéndole estudiantes que presentaban 30 asistencias como mínimo durante los meses de abril, mayo y junio, las cuales no debían tenerse en cuenta para validarlos y reconocerlos al 100%, por el contrario, debieron reconocerse al 50% o al 80% lo cual económicamente representaría un menor valor a pagar al contratista, entre otras situaciones que permiten inferir que no se dio cumplimiento a todas las obligaciones contractuales.
Otros Hallazgos Fiscales
Producto de las auditorías realizadas a la UPTC, Gobernación de Boyacá –Empresa de Servicios Públicos y al Municipio de Tunja (Recursos del SGP), por los funcionarios de esta Gerencia Colegiada, en las vigencias 2016 y 2017 se detectaron hallazgos con incidencia fiscal, los cuales son objeto de proceso de responsabilidad fiscal y observaciones para planes de mejoramiento, de los que se menciona:
Un hallazgo fiscal por $656 millones, relacionado con un proceso ejecutivo que se originó en el incumplimiento de comisiones de estudio, donde se dejó prescribir la obligación. Un tema similar es de conocimiento de este órgano de control, en el que la entidad condonó el pago de intereses moratorios generando un presunto detrimento al patrimonio en cuantía de $465 millones. Finalmente y a través de proceso de responsabilidad fiscal se investiga presuntos sobrecostos en la ejecución del contrato de obra 414 de 2012, que tenía por objeto la construcción del edificio de Aulas de la UPTC Sede Sogamoso, el hallazgo se determinó en cuantía de $427 millones.
La CGR, en lo que respecta al saneamiento básico y agua potable detecto que el Plan de Departamental de Aguas a 31 de diciembre de 2016, integrado entre otros, por 88 municipios del Departamento que desde el año 2009, han realizado aportes por el orden de $44.399.479.815, no han recibido el retorno a la inversión y por el contrario se cuenta con inversiones tan solo de $11.693.456.257 y saldos disponibles de $38.298.168.514, por lo que la poca inversión desde las vigencias 2009 al 2016 sólo llega a un 23% y son más de 52 municipios que no han sido beneficiarios de proyectos de inversión durante la existencia del Plan.
En cuanto a auditorías al municipio de Tunja, por el manejo de recursos del SGP, la Contraloría estableció un hallazgo fiscal por $ 3.158 millones, por la no entrada en operación del primer módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Capital boyacense, asunto del cual ya cursa Proceso de Responsabilidad Fiscal.
También en Tunja, se evidenciaron posibles falencias en la aplicación de subsidios de servicios públicos domiciliarios y estratificación, que permite que la entidad territorial asigne subsidios a quienes no cumplen con los requisitos establecidos en el Acuerdo Municipal y/o en el estudio de estratificación socioeconómica, lo que trae consigo la pérdida de recursos asignados y es objeto de indagación preliminar.
Hallazgo fiscal por denuncia ciudadana
Se denunció por un ciudadano lo acontecido en el Municipio Güicán de la Sierra según radicado No 2015-79577-80154-D, en la que se advierten presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato 001 de 2012, celebrado entre la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá S.A. ESP y el Consorcio Güicán 2012, cuyo objeto era la construcción del acueducto rural “Nuevo Milenio” y actualmente se tramita proceso de responsabilidad fiscal por procedimiento verbal, por un posible detrimento que asciende a $1.717’282.603.
Entre las denuncias ciudadanas atendidas por la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en Boyacá hay una que generó un hallazgo fiscal por más de $444 millones. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, fue quien puso en conocimiento de la Contraloría irregularidades sucedidas por la ejecución del contrato de aporte No. 15/26/2011/01 celebrado por parte del ICBF con el Consorcio Alimentar por Boyacá, según decisiones del pasado año 2016, para garantizar el suministro de alimentación escolar de niños, niñas y adolescentes escolarizados del departamento de Boyacá zonas 4 y 5.
Y más del Plan Alimentario Escolar y Procesos de Responsabilidad Fiscal:
En cuanto al Plan Alimentario Escolar, en la CGR Gerencia Colegiada de Boyacá se tramitan 12 Procesos de Responsabilidad Fiscal, consecuencia de la Actuación Especial realizada a la Vigencia Fiscal 2016, al Programa de Alimentación Escolar correspondientes a los municipios de Chiquinquirá, Duitama, Puerto Boyacá, Sogamoso y Tunja por valor de $285’570.333.10
Por otra parte, el órgano de control tramita procesos de responsabilidad fiscal, por presunto detrimento patrimonial a entidades, relacionados con el sector agropecuario, pues son varios los proyectos de riego fracasados que hoy investiga la Contraloría General de la República en la Gerencia de Boyacá, con afectación de recursos en cuantía de $ 3.460’211.623 y en las que las entidades afectadas son los municipios de Aquitania ($485’875.340), Chiscas ($ 2.064’000.718), El Espino ($ 685’875.340) y Toca ($224’460.225).
Aunado a este tema se tramita proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato 045 de 2012, suscrito entre el extinto INCODER y el Consorcio Chicamocha 2012, toda vez que se verificó que el contratista suministró e instaló Equipos Mecánicos e Hidráulicos (Bombas) de los cuales, algunos presentaron fallas y permanecen fuera de funcionamiento y otros se desmontaron para ser reparados y después de tres años no han sido reinstalados, con el agravante que el contrato fue liquidado. El valor de los equipos que no cumplieron requisitos, asciende a $407’721.168, por lo que en esta vigencia y luego de indagación preliminar se abrió proceso de responsabilidad fiscal.
Por otra parte, en donde la entidad afectada es el municipio de Puerto Boyacá, se tramitan procesos fiscales que reunidos pasan cuantías de $7 mil millones, por detrimentos como la construcción de la primera etapa del sistema de acueducto y alcantarillado para el proyecto de Vivienda del Kilómetro Uno y Medio en el municipio de Puerto Boyacá. Las obras no se terminaron y no prestan servicios a la comunidad. La cuantía del daño patrimonial se calcula por dos procesos de similar asunto en más de $2 mil millones.
Igualmente el municipio de Puerto Boyacá, es entidad afectada y se tramita proceso por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato que tenía por objeto la construcción del área de hospitalización pediátrica del Hospital José Cayetano Vásquez, del municipio de Puerto Boyacá. La obra no se concluyó y no presta servicio a la población infantil de esa ciudad. El daño patrimonial asciende a $1.042’092.653.