La Contraloria ya cumplio ahora se espera que Procuraduria que tiene influencia de Cambio Radical si impute algun tipo de responsabilidad, y no se quede en nada el proceso.
El ente de control y vigilancia expuso que, debido a irregularidades en contratos de kits escolares en el departamento de Boyacá durante la vigencia del 2015, decidió abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra el exgobernador de dicho departamento, Juan Carlos Granados.
Según la Contraloría, los Kits escolares facturados y no entregados, así como facturación por estudiantes registrados pero no atendidos, generaron una pérdida de los recursos de los boyacenses por más de 420 millones de pesos, como consecuencia de una posible gestión ineficaz e ineficiente de la Gobernación.
Adicionalmente, la Contraloría estipuló que las irregularidades detectadas se presentaron con ocasión de la contratación de la Gobernación de Boyacá, a través de dos fundaciones de servicios educativos para los municipios del departamento. La cuantía sumada de ambos contratos, superó los 5 mil 552 millones de pesos.
El exgobernador del departamento, Juan Carlos Granados, tendría que responder con su propio patrimonio por los recursos perdidos en la ejecución de los contratos.
La Contraloría General abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el exgobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados y quien ejerce hoy como contralor de Bogotá.
De acuerdo con el ente de control Granados tendría que responder por los recursos de educación de Boyacá que salieron del Sistema General de Participaciones y se perdieron por falta de seguimiento de la Gobernación.
Los dos contratos cuestionados, que sumados superan los 5.000 millones de pesos, terminaron en manos de subcontratistas lo que habría violado las normas de contratación.
Se trata de los contratos 1627 y 1719 de 2015, celebrados por la Gobernación de Boyacá con las fundaciones Itedris y Lumiere y que tenían por objeto atender a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales de los municipios del departamento.
No solo se encontró la entrega de materiales por fuera de las condiciones del contrato, "sino que se pudo constatar el incumplimiento de los perfiles de los facilitadores, la inobservancia de la reglamentación establecida por la Secretaría de Educación para el reporte de información y la entrega de materiales a supuestos estudiantes no registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil", dice la Contraloría.
Se dejaron de entregar 1.839 cuadernos afectando directamente a 613 estudiantes, lo que según el valor unitario reportado en las facturas representa un detrimento patrimonial, solo por los cuadernos, de casi 5 millones de pesos.
En cuando a la Fundación Itedris, la Contraloría encontró que "los lápices para los estudiantes, que a precios de mercado se consiguen en un precio promedio de 338 pesos, fueron pagados por la Gobernación a 1.300 pesos; marcadores de colores que cuestan 1.220 pesos, se pagaron a $2.000; y lapiceros corrientes que valen en el mercado 422 pesos, los pagó la Gobernación a $1.200, entre otros. Las irregularidades evidenciadas en la ejecución de los mencionados contratos, se habrían presentado como consecuencia de la falta de seguimiento de parte de la Gobernación, lo que trajo consigo no sólo la pérdida de más de 420 millones de pesos de los boyacenses, sino sobre todo el desmejoramiento de la calidad educativa del departamento".