La Comisión Primera de la cámara avanzó ayer en la reforma política lo que no había podido en las últimas tres semanas. No obstante, fueron eliminados los artículos 6, 8, 9, 11, 12 y 20 de proyecto radicado el mes pasado.
Por ejemplo, hubo consenso para sacar la prohibición para que quienes desempeñen funciones públicas hagan contribuciones a los partidos y candidatos, la reducción de las edades para aspirar al Congreso y la segunda instancia para pérdida de investidura.
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que fueron probados los principales puntos de la reforma, relacionados con las reglas para el surgimiento de fuerzas políticas, la nueva organización electoral y las reglas para la financiación de las campañas.
Explicó que los miembros del nuevo Consejo Electoral Colombiano, que reemplazará al Consejo Nacional Electoral, serán elegidos por el Congreso, pero no de ternas enviadas por el presidente, las cortes o los partidos, sino por universidades acreditadas, previo concurso. “Esto garantiza la transparencia”, agregó.
También fue aprobado el registro de proveedores de servicios en campaña, la prohibición de la contratación de transporte para el día de elecciones y eventos masivos, la declaración pública de los particulares que hagan aportes a las campañas y la sanción penal para los candidatos, gerentes de campaña y directivos de los partidos cuando se violen las reglas.
Sobre la propuesta de revivir la Comisión de aforados, declarada inexequible por la Corte Constitucional, Rivera dijo que tiene consenso en la coalición. Serían designados por el Congreso, para acatar la sentencia del tribunal, y deberán cumplir los mismos requisitos que hoy se exigen para ser magistrado. Deberán provenir de un concurso de méritos y su tarea será presentar los proyectos de acusación a la plenaria de Cámara y Senado.
De esta manera, la cúpula de la rama judicial pasaría de tener control político, como el presidente de la República, a un control jurisdiccional.
“Es una burla”: Lozano
La representante Angélica Lozano (Alianza Verde) afirmó que es una burla que algunos digan que la autoridad electoral está funcionado bien, cuando las campañas de Juan Manuel Santos, Germán Vargas y Óscar Iván Zuluaga fueron financiadas por Odebrecht y sus procesos están archivados.
Agregó que se requiere un órgano investigador de verdad para los 74 funcionarios que gozan hoy de impunidad absoluta: todos los magistrados, el fiscal general y los nuevos magistrados de la JEP.
Según el representante Samuel Hoyos (Centro Democrático), lo aprobado hasta ahora va a generar una proliferación de vehículos electoreros, en detrimento de los partidos políticos, impidiendo que los ciudadanos se identifiquen con las ideas y programas.
El próximo lunes definirán si van con lista cerrada con vigencia inmediata o si empieza a darse a partir de 2022. Luego vendrá la discusión sobre la reglamentación de la JEP.