La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia revocó la medida de detención preventiva contra el exsenador boyacense Ciro Alejandro Ramírez Cortés, investigado por su presunta participación en una red de corrupción para direccionar contratos públicos durante su gestión como congresista del partido Centro Democrático.

La decisión judicial, proferida en segunda instancia, ordenó la liberación inmediata de Ramírez, quien se encontraba privado de la libertad desde diciembre de 2023. La Sala argumentó que, si bien persiste la gravedad de los cargos formulados en su contra, ya se practicaron las pruebas en el proceso y no existen elementos actuales que justifiquen su detención, como el riesgo de obstrucción a la justicia.

Ramírez fue acusado formalmente el 11 de abril de 2024 por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, todos con agravantes por su condición de aforado constitucional. Según la investigación, el exsenador habría intervenido en la asignación irregular del contrato No. 670 en el año 2021, por un valor de $48.660 millones, a cambio de presuntas dádivas cercanas a los $1.000 millones.

Además, se le señala de intentar manipular el testimonio de Pablo César Herrera Correa, exgerente de la empresa pública Proyecta, motivo por el cual inicialmente se le impuso medida de aseguramiento intramural.

Aunque la defensa solicitó su libertad alegando vencimiento de términos, la Corte rechazó ese argumento tras determinar que el plazo legal de 12 meses para la preparación del juicio no se había incumplido, ya que la audiencia pública concluyó el pasado 6 de marzo de 2025. No obstante, accedió a levantar la detención preventiva debido a la inexistencia de riesgos procesales actuales.

Tras conocerse la decisión, el abogado defensor de Ramírez, Jorge Eliécer Muñoz, manifestó que la resolución “ratifica que no existían fundamentos sólidos para mantenerlo privado de la libertad” y reiteró la inocencia de su cliente. “Se ha hecho justicia. Confiamos en que en el juicio se demostrará que el exsenador no participó en ninguna conducta delictiva”, declaró.

La Corte Suprema notificó la decisión a las autoridades judiciales para su cumplimiento, aclarando que la libertad del exsenador está condicionada a que no existan otras órdenes de captura vigentes en su contra.