El primer contralor elegido por la nueva metodología de la ley 1904 de 2018, que premia la meritocracia y la capacidad técnica, es Carlos Felipe Córdoba, que terminó tercero en el examen realizado por la Universidad Industrial de Santander (UIS) y además recibió el apoyo de la mayor parte del Congreso, con 203 de 248 votos.
Aunque alrededor de su designación el principal tema de discusión sigue siendo la derrota del candidato del Centro Democrático, José Félix Lafaurie, que muestra que la colectividad del presidente, Iván Duque, no tendría las mayorías en el legislativo para impulsar sus iniciativas; desde lo funcional, el nuevo contralor tendrá varias tareas heredadas y el hecho de ser el guardián de unas finanzas públicas con saldos en rojo.
Las tareas
En la recta final de la administración de Edgardo Maya en la Contraloría, dejó pintado un panorama poco alentador para la política de gasto del Gobierno Nacional.
Para empezar, el déficit fiscal en 2017 fue 23,81 billones de pesos, una cifra multimillonaria que corresponde a un 2,61% del Producto Interno Bruto del país.
El panorama, revelado en la rendición de cuentas de 2018, realizada la semana pasada, muestra unos indicadores de déficit fiscal sostenido, que llegó a los 26,55 billones de pesos en 2016, en consecuencia, tendrá que vigilar el gasto. A su vez, la deuda en el sector público para 2017 llegó a los 516,59 billones de pesos.
A eso se suma una serie de casos emblemáticos de corrupción que fueron destapados, pero donde las sanciones aún son pocas.
El caso más claro es el del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el que se cree que existe un daño patrimonial superior a los 2,2 billones de pesos, producto de 13 indagaciones preliminares.
Aunque actualmente se están investigando 154 procesos de responsabilidad fiscal por más de 83 mil millones de pesos en 25 gerencias departamentales, lo cierto es que solo existen fallos sobre cuatro departamentos (Atlántico, César, Casanare y Cauca) por 2.940 millones de pesos.
Lo mismo ocurre con el caso de la Refinería de Cartagena, Reficar. Desde que inició el proceso en marzo de 2017, la Contraloría imputó la responsabilidad fiscal por más de 5 billones de pesos, pero en conjunto con la Fiscalía, recién se están acusando a las cabezas de este desfalco. Algunos, como Orlando José Cabrales, Reyes Reynoso y Felipe Laverde han recibido la casa por cárcel
Juntando los casos emblemáticos, la Contraloría entrega 758 fallos con responsabilidad fiscal por valor de 629.890 millones de pesos, de un universo total de 4.250 procesos en curso. Será labor de Córdoba llevarlos a puerto.
Los deberes
Tal cantidad de trabajo no será la única misión del Contralor, quien tendrá como reto el mejorar los canales con sus entes regionales, cada vez más permeables a la politización e inertes ante la corrupción en menor escala, según da cuenta mediciones de la organización Transparencia por Colombia.
Al respecto, Camilo Enciso, analista político y exsecretario de Transparencia de la Presidencia, manifestó que “lo que me parece que trae de bueno la llegada de Córdoba es que ha hecho mucho hincapié en la necesidad de transformar el control fiscal, de tal manera que pase de ser reactiva a que sea un control que permita evitar en tiempo real el desfalco de recursos y no llorar sobre la leche derramada”.
En ese sentido, le ayudará el proyecto de ley radicado por Maya, dos días antes de salir de su cargo, en el que se busca suprimir la indagación preliminar, para que los hallazgos fiscales se estructuren de manera completa desde la auditoría y el proceso se acelere.
Sin embargo, destacó Enciso que “la Contraloría tiene el desafío de lograr transformar el modelo de control fiscal, que puede requerir incluso cambios constitucionales, de tal forma que esta deje de ser una figura decorativa”. Luego de la puja política que se vivió en los últimos días en el país, a causa de la elección del nuevo Contralor General de la República, este lunes el Congreso en pleno eligió a Carlos Felipe Córdoba, quien deberá enfrentar grandes retos en materia del control fiscal y la lucha contra la corrupción, por la que se pierden cerca de 50 billones de pesos al año en Colombia.
Son varios los retos que tendrá que asumir el nuevo jefe del organismo de control, entre los que se resaltan la continuidad con las investigaciones y procesos de responsabilidad fiscal de emblemáticos casos que se han destapado en los últimos años, como en el programa de alimentación, la crisis de la salud, la realización de los proyectos de infraestructura, entre otros.
El nuevo contralor planteó, durante su discurso de posesión, que convertirá a la Contraloría General de la República en una entidad técnica y eficiente en el control fiscal de los recursos públicos, además manifestó que estará visitando las regiones para conocer y solucionar sus problemas.
“Los recursos públicos deben ser un factor de progreso y desarrollo y no de manipulación y corrupción. En el cumplimiento de ese propósito nos vamos a rodear de los mejores y más preparadas personas, porque el mensaje que se le ha enviado al país con el proceso de selección donde se mezcló la academia, la preparación y la experiencia debe replicarse al interior de nuestra entidad”, señaló.
El nuevo jefe de la Contraloría deberá adelantar y culminar los procesos de responsabilidad fiscal, recuperar los recursos que se pierden por la corrupción o los malos actos administrativos, y hacer vigilancia a los proyectos que se ejecutan en las regiones, entre ellos los de las regalías, que han terminado en los denominados ‘elefantes blancos’ sin prestar un servicio para el cual fueron diseñados.
El analista de Justicia Tributaria y docente del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), José Roberto Acosta, indicó que más que proponer cambios en el organismo de control, el nuevo funcionario debe enfocarse en darle continuidad a los procesos que se vienen adelantando en los últimos años y avanzar en la recuperación de los recursos.
“El principal reto es terminar las investigaciones adelantadas por la corrupción, principalmente en el tema de salud, como el cartel de la hemofilia, las EPS indígenas y la intervención de Saludcoop, entre otros, en los cuales el nuevo contralor debe seguir profundizando y desarrollando”, indicó Acosta.
Con esta misma postura concuerda el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Externado, Julián Arévalo, quien señaló que se deben priorizar los esfuerzos de la entidad en los sectores en donde se han identificado mayores irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
“Hay muchos focos de corrupción en el país, pero hay unos temas que pueden ser más emblemáticos y que deberían priorizarse, ya que podrían cambiar la realidad porque son en donde más han habido escándalos como en la provisión de servicios sociales para los niños, en la atención a la población mayor y lo que son la tesorería de la Fuerza Pública, entre otros”, explicó Arévalo.
Sin embargo, otro de los temas que fue centro de debate durante la elección fue la reforma a las contralorías regionales, que para muchos sectores no han cumplido su función, pero también podría generarse un riesgo, ya que al no contar con estas entidades se centralizaría el control fiscal en la entidad nacional.
“Todo lo que han propuesto de reformar la estructura de las contralorías es carreta y simplemente es una presentación para los medios, la prioridad es que las investigaciones que se ha venido adelantando, especialmente las de la salud, lleguen a un buen término y se puedan dar resultados ante el país”, explicó Acosta.
Con esta postura difirió el decano del Externado, quien asegura que estas contralorías han mostrado ineficiencia en su gestión, por lo que hay eliminarlas o reformarlas.
“Han habido unos resultados de algunos estudios, como los que publicó la semana pasada la Universidad del Externado, en donde se señala la importancia de la eliminación de las contralorías regionales. Yo creo que esa es una medida a considerar, ya que ofrece unas ventajas y al mismo tiempo encarna unos riesgos, porque se pueden terminar cruzando la corrupción del nivel regional al ámbito nacional, pero lo que si se ha demostrado es la alta ineficiencia de las contralorías regionales”, indicó Arévalo.
No obstante, ambos analistas aseguraron que es importante que la entidad no esté politizada y no responda a los intereses de los sectores políticos que apoyaron a Córdoba en su elección como contralor.
“La reforma de las contralorías regionales es que no estén politizadas y que los contralores departamentales no sean elegidos a dedo por el contralor general, a partir de los brazos politiqueros de los gobiernos regionales. El nuevo contralor es de la cuerda de la coalición de gobierno con los partidos Liberal, Cambio Radical, Conservadores, Centro Democrático, que son los que tienen gobernaciones y alcaldías y por eso dudo mucho que esto se vaya a cambiar, a pesar de que se necesitan acciones concretas en este aspecto”, señaló Acosta.
Arévalo aseguró que otro de los retos es mantener la independencia frente a sus actuaciones, ya que el nuevo contralor no debe responder a los apoyos de los partidos políticos que ayudaron a su elección.
“Su elección tuvo una discusión política en relación con el proceso de elección y efectivamente debe haber un proceso de demarcación, porque en el caso contrario lo que estaríamos teniendo es una entidad que se ajusta a los intereses de los partidos que participaron en la elección y eso no es muy deseable para una entidad que tiene la responsabilidad de poner los ojos en los proyectos y los recursos públicos”, indicó Arévalo.
Frente a la recuperación de la confianza de las instituciones, el analista de Justicia Tributaria indicó que “no se puede recuperar la confianza de las instituciones sin resultados y por eso creo que este tipo de propuestas son un eslogan y la única manera de hacerlo es investigando y metiendo a la cárcel a quienes hayan incurrido en delitos, recuperando los recursos públicos y aplicando juicios fiscales en los términos de la ley”.
Arévalo también resaltó que se debe hacer un diagnóstico realista frente a lo que está ocurriendo con la corrupción en el país, particularmente a nivel regional y municipal, porque son en estas zonas en donde los políticos terminan incidiendo en el uso de los recursos públicos.
“Otro aspecto que me parece importante, y en donde se deben aunar esfuerzos, es promover la transparencia y integridad en la gestión del ejercicio de lo público. No se trata solamente de tomar medidas duras frente a la corrupción y el uso adecuado de los recursos sino también unas prácticas que contribuyan a mejorar el servicio público en el país”.
Precisamente, un balance de la Contraloría permite dimensionar la magnitud de la responsabilidad de la entidad en el control y vigilancia de los recursos públicos que han permitido destapar emblemáticos casos de corrupción del país.
En los últimos años han sido investigados cinco gobernadores, siete exgobernadores, ocho alcaldes y 45 exalcaldes por irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Además, se destaparon importantes casos de corrupción en el uso de las regalías, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), Reficar, el Cartel de la Hemofilia, el Cartel de los Enfermos Mentales, Electricaribe, el caso de los Juegos Nacionales en Ibagué, entre otros.
Asimismo, en los últimos años se iniciaron 4250 procesos de responsabilidad fiscal, por una cuantía de 21,6 billones de pesos en distintas partes del país, y se imputaron cargos por 7,6 billones de pesos. Se realizaron más de 2000 auditorías y se establecieron más de 36.000 hallazgos administrativos por un valor de 14,2 billones de pesos.